Legisladores del PAN preparan una ofensiva jurídica internacional tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo
La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Congreso de la Unión ha generado una profunda crisis política y constitucional en México.
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Esta modificación legal, impulsada por el oficialismo, es vista por la oposición como un ataque directo al Estado de Derecho y a las herramientas de protección judicial que tienen los ciudadanos contra actos de autoridad.
Ante lo que consideran un cierre de vías internas, el PAN ha decidido escalar la batalla a los foros internacionales.
La oposición en San Lázaro ya prepara una ofensiva jurídica que no solo apunta a la Suprema Corte, sino también a instancias internacionales.
Los legisladores blanquiazules aseguran que acudirán al capítulo laboral del T-MEC y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que califican como la demolición del Estado de Derecho tras la reforma a la ley de amparo.
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Consideran que es la única vía para frenar lo que describen como un proceso autoritario disfrazado de modernización judicial.
Entre los panistas hay consenso en que la presión tendrá que venir del exterior.
Creen que si logran colocar el tema en la agenda de Washington y en San José, el gobierno no resistirá el costo político y económico de aparecer como un régimen que vulnera garantías judiciales y derechos laborales.
En voz baja, admiten que esa estrategia podría tener más efecto que cualquier recurso legal presentado dentro del país, donde —dicen— el oficialismo ya controla la cancha y el marcador.
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