
Foto: Cuartoscuro
El dirigente priista indicó que existen antecedentes para que Estados Unidos considere la petición

Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que presentó una solicitud ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que Morena sea declarada organización terrorista.
En cuenta de X, el dirigente informó sobre la acusación y colocó una fotografía del documento.
En la publicación, “Alito” señala que se sustenta en los vínculos entre el partido y grupos del crimen organizado y acusó que esta alianza “ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio”.
Indicó que esta petición tiene antecedentes con el país norteamericano, cuando consideró a Batasuna como parte de ETA por su relación directa. Asimismo, en la carta que entregó, se lee que Estados Unidos firmó una orden que permite al país intervenir al detectar una organización terrorista.
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“Bush firmó la Orden Ejecutiva 13224 que permite al gobierno de EE. UU. combatir a las organizaciones terroristas, atacar la financiación del terrorismo y actuar contra las FTO e incluso contra individuos” señala la carta.
Finalmente, “Alito” indicó que este vínculo no se puede normalizar y que México merece un gobierno limpio y que no esté involucrado con el crimen organizado.
La denuncia viene a días de que el Gobierno Federal ha rechazado la solicitud de extradición de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve colaboradores más, alegando falta de pruebas contundentes y de una solicitud formal.
Previamente, en agosto de 2021, dirigentes nacionales del PRI, el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) viajaron a Washington D.C. y entregaron un expediente de 53 páginas en el que habían denunciado una presunta intervención del crimen organizado en las elecciones de México, particularmente en Sinaloa.

Esta petición fue presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).