Sheinbaum y la extradición

La presidenta Sheinbaum ha tomado una decisión que puede ser muy negativa para México: ha descartado una solicitud formal del gobierno de Estados Unidos para detener y extraditar a 10 políticos de Sinaloa. Uno es Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia, amigo y aliado del expresidente López Obrador. Los otros nueve son también políticos de Morena.

La mandataria ha hecho todo lo posible por quedar bien con el gobierno de Donald Trump. Ha tomado con filosofía las descalificaciones de su colega, quien dice que es guapa y tiene bonita voz, pero que no se atreve a enfrentarse a los narcotraficantes. “A México lo gobiernan los cárteles”, ha dicho Trump.

Sheinbaum ha aceptado con paciencia las violaciones de la Unión Americana al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); ha entregado a 92 reos que se encontraban en prisiones mexicanas sin pasar por procesos de extradición, lo cual es una violación de las leyes mexicanas; ha aceptado suspender las exportaciones de petróleo crudo mexicano a Cuba cuando Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a México.

Sin embargo, la detención y extradición de un amigo del expresidente López Obrador, quien desde su rancho en Palenque sigue ejerciendo una gran influencia o controlando todavía el aparato gubernamental, es un límite que no ha podido o no ha querido cruzar. No es porque no haya razones para sospechar de Rocha Moya, cuya cercanía con el cártel de Sinaloa y en particular con el grupo de “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha sido señalada desde hace tiempo.

El documento de Estados Unidos señala que Rocha Moya tuvo una reunión con “Los Chapitos” antes de las elecciones al gobierno de Sinaloa de 2021. Allí acordaron que asegurarían su victoria, pero que a cambio pedían que el nuevo gobierno nombrara a funcionarios que les permitieran operar con impunidad.

Los días previos a la elección grupos criminales secuestraron a representantes de la oposición y robaron urnas. Cuando concluyó la votación, el candidato al gobierno por el PRI, Mario Zamora Gastélum, reconoció que los primeros resultados no lo favorecían, pero pidió a los criminales que liberaran a los cientos de representantes secuestrados. Una vez que Rocha Moya asumió el poder, dice el pliego acusatorio, el gobierno sinaloense empezó a favorecer abiertamente a “Los Chapitos”.

El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada, principal rival de “Los Chapitos”, fue detenido en El Paso, Texas, tras haber sido trasladado desde Sinaloa en un avión privado. Explicó en una carta que había sido citado a una reunión con el gobernador Rocha Moya, pero que había sido secuestrado y llevado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Rocha Moya afirmó que no estaba en el país, aunque no tenía permiso del Congreso del estado para ausentarse, y más tarde declaró que había viajado a Los Ángeles en un avión privado prestado por un empresario importante, lo cual sería también ilegal. Nunca presentó documentación que comprobara el viaje.

Ese mismo día fue asesinado Héctor Melesio Cuén, político local y ex rector de la Universidad de Sinaloa. La fiscalía estatal, que dependía del gobernador, afirmó que había sido victimado en un asalto en una gasolinera, pero “El Mayo” dijo que había sido muerto en el mismo lugar en que él fue secuestrado. Más tarde se comprobó que la fiscalía había mentido.

Son muchas las razones para extraditar a Rocha Moya y a los demás acusados y dejar que las pruebas se ventilen en el tribunal de Nueva York que lleva el caso. Sin embargo, la FGR afirma que no hay pruebas “contundentes”. No parece tener la intención de cumplir la solicitud de Estados Unidos.

Esta negativa abrirá un nuevo conflicto con el gobierno de Trump. Las consecuencias pueden ser muy negativas para nuestro país, pero el gobierno parece más interesado en mandar el mensaje de que los amigos del expresidente pueden estar tranquilos.