
Foto: Especial
Las investigaciones contra Rubén Rocha Moya representarían apenas el comienzo de una ofensiva más amplia por parte de autoridades estadounidenses.

Tras los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cazares y ocho funcionarios de la entidad, el gobierno de Estados Unidos tendría abierta una investigación contra más integrantes de la autodenomina Cuarta Transformación por presuntos vínculos con el crimen organizado y redes relacionadas con el huachicol.
Entre los funcionarios que estarían en la lista del gobierno de Estados Unidos, aparece Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como el senador morenista Adán Augusto López y su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña.
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Durante su podcast “Narcosistema”, la periodista Anabel Hernández afirmó que tras una reunión de “alto nivel” con agentes de la DEA, obtuvo información sobre una supuesta lista de funcionarios y figuras cercanas a la Cuarta Transformación que estarían bajo seguimiento de autoridades estadounidenses.
“Esta es la lista, al menos los nombres más importantes de una larga lista que tiene el gobierno de Estados Unidos con elementos claros, con elementos contundentes de su involucramiento con el crimen organizado”, declaró.
Entre los nombres mencionados por Hernández destacan gobernadores en funciones, legisladores federales y operadores políticos vinculados a Morena.
Los perfiles señalados por la periodista son:
Anabel Hernández sostuvo que las investigaciones contra Rubén Rocha Moya representarían apenas el comienzo de una ofensiva más amplia por parte de autoridades estadounidenses.
“Le siguen en la lista negra en los que están haciendo fila para que se les imputen cargos en Estados Unidos”, dijo al referirse a otros políticos de Morena.
La periodista señaló directamente a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, al mencionar sus presuntas relaciones con grupos
“Ya sabemos no solo está involucrado en una amplísima red de huachicol, sino que también era amigo de ‘Los Chapitos’ y se presume que incluso también recibió beneficios económicos y regalos”, afirmó.
Además de los señalamientos, un reciente operativo en Houston Texas, a una empresa petrolera, tendría como objetivo detectar irregularidades en un esquema de huachicol presuntamente ligado con “Andy” López Beltrán.
En abril de este año, agentes del FBI, el IRS y Homeland Security confiscaron computadoras y servidores para investigar presuntos envíos de hidrocarburos que ingresaron a México sin pagar impuestos durante los últimos siete años.

El senador morenista ha estado envuelto en la polémica tras múltiples señalamientos públicos y denuncias que lo vinculan con presuntos actos de corrupción, irregularidades patrimoniales y nexos indirectos con el crimen organizado.
Durante su gestión como gobernador de Tabasco, nombró como secretario de Seguridad Pública de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, alias “el Comandante H”, quien fue detenido al ser señalado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
De igual manera, el senador es señalado por sus presuntos nexos con una red que introdujo combustible de contrabando por el Golfo de México, operando de la mano de operadores aduaneros y grupos del narcotráfico.
Asimismo, el periodista Jesús Lemus Barajas reveló a Político MX, que el siguiente “objetivo prioritario” de EUA, sería el tabasqueño, por los nexos en redes de huachicol.

El expresidente de la mesa directiva del senado de la república, Gerardo Fernández Noroña ha salido en defensa de Rubén Rocha Moya a raíz de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Fernández Noroña insiste en que el gobierno estadounidense no ha presentado una sola prueba contundente o legalmente válida que sostenga los señalamientos de narco vínculos.
Aunque no hay señalamientos directos contra el senador morenista, ha estado en la polémica tras los señalamientos por su vida ostentosa y sus viajes en clases exclusivas. Además de la adquisición de un inmueble en Tepoztlán Morelos, valuado en 12 millones de pesos.

El gobernador morenista Tamaulipas ha sido una de las figuras polémicas en la 4T. Su más reciente controversia, ocurrió cuando el diputado del partido verde, Mario López Hernández, lo señaló junto con el secretario de Educación Pública por una presunta invitación a redes de huachicol.
Además de los señalamientos, el gobernador ha sido vinculado con Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, quien presuntamente financió su campaña en los comicios electorales del 2021 en la entidad.
El estado de Tamaulipas ha sido señalado como uno de los puntos claves del trasiego de hidrocarburos. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad reveló que en los puertos del estado existe un esquema de contrabando de combustibles que involucra a organizaciones criminales, así como a funcionarios de aduanas y mandos militares.

El gobernador de Michoacán ha enfrentado diversos señalamientos, acusaciones de la oposición y reportes de prensa que lo vinculan presuntamente con grupos del crimen organizado en la entidad, particularmente con la organización delictiva conocida como Cárteles Unidos.
El morenista fue incluido en la lista de Narcopolíticos, luego que documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) señalan al gobernador de Michoacán por presuntos vínculos con Cárteles Unidos, una federación de siete grupos delictivos de la región.
De igual manera, el portal reveló que en Estados Unidos, un tío y un primo hermano del mandatario estatal fueron sentenciados a 11 y 10 años de prisión, respectivamente, tras ser hallados culpables de tráfico de metanfetaminas y operar para dicha organización criminal.
En el portal de Narcopoliticos, señala que el fallecido líder de las autodefensas, Hipólito Mora, acusó a Ramírez Bedolla de ganar la gubernatura con apoyo del narcotráfico. Al respecto, el Tribunal Electoral reconoció la injerencia del crimen organizado en ciertos municipios, lo que derivó en la anulación de varias casillas.

El gobernador de Sonora fungió como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando sucedió el episodio de violencia en Sinaloa conocido como el” Culiacanazo”, tras la aprehensión de Ovidio Guzmán, alias “el Ratón”, hijo de “el Chapo”
De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, el ahora Gobernador, está en el ojo de la DEA quien presuntamente mantendría abierta una carpeta de investigación no judicializada desde hace años, por presuntos pactos informales en el “Culiacanazo”.
De igual manera, Luis Chaparro señaló que el gobernador de Sonora tenía una alerta en el sistema migratorio estadounidense bajo sospechas de nexos con el crimen organizado, lo que presuntamente le habría impedido viajar a territorio estadounidense para recibir atención médica en la ciudad de Phoenix.

La periodista Anabel Hernández, señaló que la gobernadora de Quintana Roo se encuentra en la presunta lista de EUA que señala funcionarios morenistas. Hasta el momento, el gobierno de EUA no ha hecho señalamientos en contra de la morenista.
Sin embargo, con información de Proceso, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, denunció que el periodista Alfredo Griz fue amenazado tras revelar que presuntos nexos de Lezama, cuando era alcaldesa del municipio de Benito Juárez, con células criminales en zonas hoteleras de la localidad.

Anabel Hernandez también señaló Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados como uno de los funcionarios en la presunta lista de EUA. Sin embargo, hasta el momento, no existe una acusación o señalamiento formal por parte del gobierno de Estados Unidos que lo vinculen con el crimen organizado.
Por otra parte, el operador político en San Lázaro, se sumó a los morenistas que respaldó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de las acusaciones por parte del Departamento de Justicia de EUA.
“Para mí es una cobardía que luego de que una persona entra en un proceso difícil, luego renieguen o nieguen una relación”, dijo.
Aunque Anabel Hernández señaló al vocero de Morena en la Cámara de Diputado. El morenista no cuenta con acusaciones ni carpetas de investigación de carácter judicial o formal que lo vinculen de manera directa con el crimen organizado.
Sin embargo, se le acusó de supuesto enriquecimiento ilícito, nepotismo y conflicto de interés a través de presuntos contratos gubernamentales asignados a sus empresas (en sectores como SEDENA o PEMEX
Asimismo, durante el inicio de la comisión permanente del congreso de la Unión, Ávila defendió a Rocha Moya y sostuvo que no se puede juzgar ni solicitar procesos formales basados únicamente en narrativas extranjeras débiles o dudas razonables sin pruebas objetivas directas en México.
Otra en la lista es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se ha mantenido en el centro de la controversia desde que en mayo pasado confirmó que autoridades de Estados Unidos cancelaron su visa y la de su esposo, Carlos Torres Torres, impidiéndoles ingresar a territorio estadounidense.
En respuesta al señalamiento, la mandataria estatal sostuvo públicamente que la medida respondió a un procedimiento administrativo.
La polémica aumentó semanas después, cuando Reuters publicó que el gobierno de Estados Unidos presionaba a México para investigar a cinco funcionarios de Morena presuntamente relacionados con el narcotráfico, entre ellos Marina del Pilar.
Sin embargo, posteriormente la propia agencia corrigió la información luego de que autoridades estadounidenses negaran haber difundido alguna lista oficial sobre presuntas “sanciones secretas” contra gobernadores y exgobernadores mexicanos.

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La periodista agregó que varios de los personajes mencionados tuvieron participación directa en campañas presidenciales o en la estructura política de Morena durante los últimos años.