
Foto: Cuartoscuro
La audiencia, con una duración de 20 minutos, abordó los temas como si se le realizará un juicio expedito.

El exsecretario de seguridad de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, compareció este 1 de junio ante una corte en Nueva York que llevará su proceso por narcotráfico, donde las autoridades señalaron que existen “abudantes” pruebas en su contra.
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La comparecencia del exsecretario de seguridad de Sinaloa duró aproximadamente 20 minutos en el que se acordaron dos cosas: que se evitará un juicio expedito y que su próxima audiencia será el 4 de agosto.
La sesión jurídica fue encabezada por la jueza federal Katherine Polk en la sala 618 del edificio Thurgood Marshall de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la zona sur de Manhattan.
Según la periodista Roberta Garza la fecha que se fijó, según la jueza Polk, se debió “a las abundantes evidencias que hay” por lo que esa evidencia tiene que ser procesada y “tiene que cribarlo entre la Fiscalía y la defensa, para permitir una defensa justa”, punto también comentado por el periodista Arturo Ángel.
Asimismo, Garza señaló que no se le preguntó sobre su inocencia o culpabilidad y que tampoco el exfuncionario cambio su declaratoria.
Para el Departamento de Justicia, la concreción de un pacto de esta naturaleza asegura una condena firme sin el desgaste de un litigio formal, mientras que para el acusado abre la posibilidad de que se le retire la responsabilidad de ciertos delitos o se acuerden penalidades inferiores a los máximos establecidos por la ley.

Dentro de las conversaciones se contempla la alternativa de que Gerardo Mérida Sánchez reciba el estatus de testigo colaborador si proporciona información útil y eficaz para las investigaciones de la fiscalía contra otros procesados de mayor jerarquía, lo que se traduciría en recomendaciones de reducción de pena, reclusión en centros de menor seguridad o protección para sus familiares.
Según la información, la preparación de las evidencias continuará su curso de forma paralela mientras se desahogan las reuniones privadas, y solo cuando se concrete un acuerdo definitivo se convocará a una nueva sesión pública en la corte de Nueva York para formalizar el documento de aceptación de culpabilidad.
Las declaraciones e informes que el general en retiro rinda en el marco de sus propias negociaciones se mantendrán bajo reserva estricta, pero en caso de consolidarse como testigo colaborador, quedará obligado a presentarse a declarar de manera pública en los juicios de otros implicados donde su testimonio sea requerido por la autoridad judicial.

Luego de haberse entregado voluntariamente ante las autoridades migratorias en el estado de Arizona el pasado 11 de mayo de 2026, el militar es el primero de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa que enfrenta se encuentra es esta situación.
Respecto a los 9 exfuncionarios restantes que integran la acusación penal, el gobierno de Estados Unidos remitió a las autoridades mexicanas las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, enfocadas entre otros personajes en el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Por otra parte, según el periodista, ante las versiones surgidas sobre la supuesta entrega del exsecretario de finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, en territorio de Europa, no existen registros oficiales que confirmen su llegada o detención en la zona continental de Estados Unidos.
Tampoco existen datos que validen la entrega voluntaria del comandante de la policía de investigación, Marco Antonio Almanza, versión que fue desmentida de forma oficial.
