El feminismo de Estado, a prueba

¿Puede un gobierno que llegó al poder con la promesa de colocar a las mujeres en el centro de la vida pública conservar credibilidad, cuando uno de sus propios funcionarios es exhibido en un presunto episodio de violencia de género?

La pregunta rebasa el caso del exdirector de Pemex, Víctor Manuel Rodríguez Padilla. En realidad, pone a prueba la congruencia de un proyecto político que ha hecho del combate a la violencia contra las mujeres una de sus principales banderas.

En las imágenes difundidas la semana pasada se puede ver al entonces director de Pemex empujar, forcejear y golpear a la doctora en Ingeniería Física Nuclear en la sala de su casa. Obviamente, el video se hizo viral y provocó una reacción inmediata de indignación.

No corresponde a la opinión pública sustituir a las autoridades ni emitir una sentencia. Eso le compete al Ministerio Público y, en su caso, a los tribunales. Pero sí debemos exigir que las instituciones actúen con rapidez, imparcialidad y absoluta transparencia cuando un servidor público de alto nivel es señalado por una conducta de esta naturaleza. Y el 15 de marzo, la fecha del video publicado en redes sociales, Rodríguez Padilla era director General de Pemex.

La administración de Claudia Sheinbaum ha insistido en definirse como un gobierno comprometido con la igualdad. La propia presidenta ha sostenido que la llegada de una mujer a Palacio Nacional, representa un cambio histórico para millones de mexicanas.

Pero un gobierno encabezado por una mujer no puede limitar su compromiso con la igualdad a reformas legales, campañas institucionales o discursos conmemorativos. La verdadera prueba aparece cuando debe actuar frente a casos que involucran a integrantes de su propia administración o a figuras cercanas al poder.

Y Claudia Sheinbaum se juega la credibilidad de su gobierno. No solo se trata de construir políticas públicas, hablar de sororidad o defender las causas feministas. La credibilidad depende de la forma en que se enfrentan las crisis. Si la respuesta institucional transmite protección política, demora o complacencia, el costo no recae únicamente sobre una persona; alcanza a todo el discurso gubernamental en materia de derechos de las mujeres.

México enfrenta una realidad que no admite simulaciones. Millones de mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida y miles denuncian cada año agresiones dentro del ámbito familiar. Muchas otras nunca lo hacen por miedo, dependencia económica o desconfianza hacia las autoridades. Por eso cada caso de alto perfil envía un mensaje que trasciende a sus protagonistas.

Así que no solo nos preguntamos qué ocurrió en un domicilio particular, a puerta cerrada, nos preguntamos ¿qué respuesta deberá dar la autoridad que se dice empatía con esta causas? ¿Acaso habrá una investigación o se limitarán a decir que sin denuncia penal no hay caso que perseguir? Díganos señores, qué hará el Estado frente a un señalamiento de esta magnitud. Si responderá con la misma firmeza que exige para cualquier otro caso o si permitirá que el peso del cargo, las relaciones políticas o la cercanía con el poder alteren el curso de las instituciones.

La violencia ya tocó la puerta del poder, así que parece ahora que el silencio deja de ser prudencia y comienza a parecer complicidad. La demora erosiona la confianza. La opacidad alimenta la sospecha.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene frente a sí una decisión que rebasa el destino político de un exfuncionario. Está en juego la credibilidad de un gobierno que se presenta como garante de los derechos de las mujeres. ¿O solo es en el papel?