Las contradicciones de la 4T

Durante años, Morena construyó una parte importante de su identidad política alrededor de una promesa: recuperar la soberanía energética de México. La reforma energética que el priísta Enrique Peña Nieto impulsó en 2013 fue presentada por la izquierda mexicana como el símbolo de la entrega de los recursos nacionales al capital privado y al interés extranjero.

Lo que es más, Andrés Manuel López Obrador convirtió esa narrativa en uno de los pilares de su movimiento y Claudia Sheinbaum la defendió tanto en campaña como en los primeros meses de su gobierno. Hoy, sin embargo, esa historia comienza a escribirse de otra manera.

El debate sobre el regreso del fracking ha sido presentado como una discusión científica. El gobierno sostiene que un grupo de especialistas evaluó la viabilidad técnica, ambiental y económica de explotar los yacimientos de gas no convencional ubicados principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. Esa será la explicación pública. Pero el verdadero debate ocurre en otro lugar.

El documento que recientemente reveló el diario El País deja claro que la discusión dejó de ser científica. La pregunta ya no consiste en si México tiene reservas suficientes de gas de lutitas (shale gas) o si contamos con tecnologías capaces de reducir los impactos ambientales de la fractura hidráulica. El problema central es financiero.

Así es que estamos frente a uno de los mayores giros ideológicos de la llamada Cuarta Transformación.

El gobierno de Claudia Sheinbaum reconoce, aunque sea de manera implícita, que el Estado mexicano no cuenta con los recursos suficientes para desarrollar por sí solo una estrategia nacional de explotación de hidrocarburos no convencionales.

Los miles de millones de dólares que exige la perforación, la infraestructura, el tratamiento de agua, la construcción de ductos y la incorporación de tecnología especializada rebasan la capacidad presupuestal del Estado y la situación financiera de Petróleos Mexicanos.

Por lo tanto, sin inversión privada, el proyecto difícilmente podrá despegar.

A lo largo de todo su sexenio, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el fortalecimiento de Pemex debía descansar fundamentalmente en la rectoría del Estado. Claudia Sheinbaum parece haber llegado a otra conclusión.

En el segundo piso de la 4T estarían trabajando en la creación de un fideicomiso para atraer capital privado sin modificar formalmente el régimen de propiedad de los hidrocarburos. Es decir, jurídicamente, el petróleo y el gas seguirían siendo de la nación. Financiera y operativamente, el desarrollo de esos proyectos dependería de inversionistas que aporten los recursos que el gobierno no tiene.

El capital privado desempeñará un papel determinante. Sí. Los recursos de la iniciativa privada, que satanizaron López Obrador y sus huestes, serán indispensables para poner en marcha el proyecto. Esa es la mayor contradicción.

Quienes ayer censuraron que la inversión privada en el sector energético era un atentado contra la soberanía nacional, hoy sostienen que esa inversión privada puede convertirse en el instrumento para fortalecer la soberanía energética.

¿Y cuáles son las empresas con más experiencia en el fracking? Las compañías de Estados Unidos. México pretende reducir su dependencia del gas importado desde Texas recurriendo al conocimiento técnico, la tecnología y posiblemente al capital de empresas originarias del mismo país del que busca depender menos. ¡Vaya ironía!