Metro CDMX rechaza irregularidades y sobrecostos en remodelación de la Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro rechazó de manera contundente las acusaciones sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la remodelación de las estaciones de la Línea 2, asegurando que todo el proceso de contratación se realizó bajo la normatividad vigente de obra pública de la capital.

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A través de un comunicado emitido, el STC del organismo detalló que las empresas participantes en el tramo General Anaya-Revolución cumplieron en tiempo y forma con la documentación requerida.

Explicó que los contratos se asignaron mediante la figura de invitación restringida, evaluando la capacidad financiera y operativa de cada una de las firmas.

Respecto a los señalamientos de una supuesta simulación de competencia en las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Viaducto —donde se involucra a las empresas INDHR S.A. de C.V., Alfa Proveedores y Contratistas, Asfalto y Proyectos, e Ingeniería de Puebla—, el STC Metro aclaró que las áreas administrativas y jurídicas revisaron minuciosamente la documentación reglamentaria sin detectar ninguna anomalía.

Metro rechaza sobrecostos y anuncia auditoria

La administración del Metro enfatizó que actualmente es imposible hablar de sobrecostos debido a que “el proceso de pagos a las empresas ni siquiera ha comenzado”.

En esta etapa, el proyecto se encuentra en una fase de revisión de costos, donde se contrastan las estimaciones de las constructoras con los trabajos entregados y los análisis de la supervisión de la obra.

El organismo recordó que los montos publicados al inicio de las obras correspondían a topes máximos variables según el alcance de cada estación, lo que no equivale a las cantidades finales que se liquidarán.

Además, subrayó que durante la ejecución de los trabajos fueron las propias empresas quienes absorbieron el costo de los materiales y artículos instalados, los cuales deberán estar debidamente facturados.

Finalmente, las autoridades informaron que la obra está sujeta a un estricto escrutinio, ya que actualmente se practican dos auditorías: una de carácter local y otra de tipo forense a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La recepción definitiva de los trabajos y su liquidación económica final se ejecutarán bajo estricto apego a las leyes de obra pública.