FGR detiene a Ernesto Ruffo, exgobernador del PAN, por huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, acusado de presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, como parte de una investigación relacionada con una red de operaciones de “huachicol fiscal”.

A través de un comunicado, la institución señaló que la detención se realizó la tarde de este miércoles en Ensenada, Baja California, luego de que un juez federal librara una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público Federal.

“La FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto ‘N’, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la SSPC”, informó la dependencia.

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La FGR adelantó que la investigación apunta a una empresa de Ruffo

La FGR informó que la detención ocurre luego de una investigación a una de las empresas del exgobernador de Acción Nacional, ligada al presunto robo de hidrocarburos.

“Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California...”

Asimismo, indicó que en las próximas horas dará a conocer información adicional sobre el caso y el alcance de la investigación.

¿Quién Ernesto Ruffo?

Ernesto Ruffo Appel es un político y empresario que gobernó Baja California entre 1989 y 1995 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en ganar un estado (Baja California), rompiendo con 60 años de hegemonía absoluta del PRI.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó también como alcalde de Ensenada, comisionado de la Frontera Norte en el gobierno de Vicente Fox, senador y diputado federal, siendo recordado por implementar la primera credencial de elector con fotografía en México.

Sin embargo, su nombre volvió a la escena nacional tras ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en Ensenada, Baja California. Las autoridades federales lo investigan por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal".

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Ruffo es el primer gobernador de oposición en la era moderna de México, al poner fin a más de seis décadas de gobiernos del PRI en una entidad federativa.

El huachicol fiscal también ha salpicado a personajes cercanos a la 4T

La detención del exgobernador panista de Baja California volvió a colocar el huachicol fiscal en el centro de la discusión pública. Sin embargo, este caso no es el único que ha revelado el alcance de la red de contrabando de combustibles, un esquema que durante años ha sido investigado y documentado por diversos trabajos periodísticos.

Distintos medios han señalado presuntos vínculos entre esta estructura y personajes cercanos a gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.

Entre los nombres que han aparecido en distintas indagatorias y publicaciones se encuentra Andrés “Andy” Manuel López Beltrán hijo del expresidenta Andrés Manuel López Obrador. Además de otros funcionarios como:

• Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Adán Augusto López, señalado como líder del grupo criminal: “La Barredora”.
• El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.
• El empresario Alfonso Romo, quien fue un personaje más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
• Mario Delgado, presuntamente señalado por el diputado del verde, Mario López Hernández.
• Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas
• José Ramón Gómez Leal, senador de Morena.

Así como el diputado morenistas Daniel Asaf, como el exmilitar cercano a AMLO, Audomaro Martínez.

Por otro lado, también se encuentra Manuel Roberto Farías Laguna quien ha señalado al exsecretario de Marina en tiempos de AMLO, Rafael Ojeda Durán.

Los operativos desplegados por autoridades mexicanas también han derivado en decomisos históricos de combustible, órdenes de aprehensión contra empresarios y exfuncionarios aduanales, además de investigaciones sobre una red que habría utilizado aduanas, puertos y cruces fronterizos para introducir hidrocarburos al país evadiendo el pago de impuestos.