LOS LÍDERES DE LA POLÍTICA

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Estados

Fiscalía busca desaforar a alcalde de MC en Veracruz por desaparición forzada de empresario

La Fiscalía del estado presentó entre las pruebas contra el alcalde Bertín Bravo Montero, videos, registros telefónicos, testimonios y mensajes enviados por una de las víctimas antes de desaparecer

Alcalde de Úrsulo Galván, Veracruz, Bertín Bravo, sentado hablando durante una reunión desde el ayuntamiento

Alcalde de Úrsulo Galván, Veracruz, Bertín Bravo, quien es señalado por desaparición forzada. - Foto: Redes Sociales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz solicitó al Congreso local iniciar el procedimiento de desafuero contra Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván por Movimiento Ciudadano (MC), para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.

La petición deriva de las investigaciones por la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez, de 42 años, y de su escolta Ignacio López, de 47, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo de 2026, luego de acudir al domicilio del edil en la comunidad de Barra de Chachalacas. Hasta el momento, el alcalde mantiene la presunción de inocencia y conserva el fuero constitucional mientras se resuelve el procedimiento legislativo.

PUBLICIDAD
Alcalde de Úrsulo Galván, Veracruz, Bertín Bravo

Foto: Redes Sociales

Un mensaje de WhatsApp marcó el último contacto con vida

De acuerdo con la carpeta de investigación obtenida por la Silla Rota, Héctor Ramos salió de su domicilio en Emiliano Zapata acompañado por su escolta después de recibir una llamada del alcalde, quien presuntamente lo invitó a una reunión en su vivienda.

Durante su estancia en el inmueble, el empresario envió un mensaje de WhatsApp a su pareja sentimental en el que escribió: “Sigo en casa de Bertín; vino el jefe de toda la zona, creo que es el jefe de plaza, me lo presentó y ya casi me voy amor”.

PUBLICIDAD

Ese mensaje constituye uno de los últimos registros conocidos antes de que ambos hombres perdieran comunicación con sus familiares.

Ficha de búsqueda del empresario Héctor Ramos Sánchez

Foto: FGE de Veracruz

Fiscalía reúne videos, geolocalización y testimonios

La solicitud presentada ante el Congreso señala que la Fiscalía cuenta con diversos elementos de prueba que presuntamente vinculan al alcalde con los hechos.

PUBLICIDAD

Entre ellos se encuentran grabaciones de cámaras de videovigilancia que muestran el ingreso de la camioneta Chevrolet Cheyenne en la que viajaban las víctimas al domicilio del presidente municipal alrededor de las 13:18 horas del 14 de mayo.

Asimismo, los registros de telefonía celular ubican durante aproximadamente tres horas en un mismo punto geográfico los teléfonos de Héctor Ramos, Ignacio López y Bertín Bravo Montero, hasta las 16:23 horas.

Las investigaciones sostienen que, pese a que el empresario informó posteriormente a uno de sus colaboradores que acudiría a una mina para atender asuntos de trabajo, nunca llegó al sitio y desde entonces no volvió a ser localizado.

Solicitud desafuero González Martínez

Foto: Redes sociales

Dos alcaldes de MC enfrentan procesos de desafuero en Veracruz

Además de Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, quien es investigado por la presunta desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López, la Fiscalía General del Estado de Veracruz también busca retirar el fuero a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, por su presunta relación con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. Ambos casos ya se encuentran en análisis dentro del Congreso local.

Raúl Martínez González, alcalde de Ixhuatlán del Sureste

Foto: Facebook Raúl Martínez González

En el caso de González Martínez, la Fiscalía sostiene que un testigo lo señaló por presuntamente haber ordenado a integrantes del grupo criminal “La Sombra” el secuestro de la comunicadora.

La solicitud de desafuero ya fue considerada procedente por las comisiones legislativas y será revisada por la Comisión Permanente Instructora, que determinará si existen elementos suficientes para solicitar al Pleno del Congreso el retiro de la inmunidad procesal del edil.