Fernando Farías busca frenar su regreso a México; alega persecución y riesgo para su vida

Una vez notificado este miércoles de que será deportado de Argentina a México, la defensa del excontraalmirante Fernando Farías Laguna puso en el centro de la batalla una apelación, conocida como Recurso Jerárquico presentado ante la Dirección Nacional de Migraciones, con el que intenta impedir que una expulsión migratoria se convierta en una vía rápida para devolverlo al país antes de que terminen de resolverse la extradición y su petición de protección internacional, bajo el argumento de que enfrenta un supuesto riesgo de persecución y peligro para su vida, además de un prejuzgamiento que atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La presidenta pasó de la interrogación pública a la afirmación directa de responsabilidad penal, al sostener explícitamente que Roberto Farías Laguna tiene responsabilidad en los hechos investigados; imputación de culpabilidad formulada por la máxima autoridad del Estado mexicano, ante los medios de comunicación nacionales, respecto de una causa que, a la fecha del presente escrito, carece de sentencia condenatoria firme”, se lee en el oficio.

Esto, pese a que periodistas reportan que el marino ya está en camino hacia México.

El documento en manos de Político MX, fechado el 18 de agosto y encabezado “INTERPONE RECURSO JERÁRQUICO”, fue presentado por su abogado en Argentina, Pablo Hourbeigt, y combate la Disposición SDX N° 44108 de Migraciones, que declaró irregular la permanencia de Farías en Argentina, ordenó su expulsión y le prohibió de manera permanente volver a ingresar al país, por lo que la defensa pide suspender inmediatamente esa decisión y, al final del procedimiento, dejarla completamente sin efecto.

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Farías Laguna denuncia persecución política

La parte más fuerte del escrito va más allá de las fallas del procedimiento y presenta a Farías como víctima de una presunta persecución política en México. Para ello, la defensa cuestiona el estado de las instituciones mexicanas, la reforma al Poder Judicial y utiliza declaraciones públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de los hermanos Farías como argumento de que existió un prejuzgamiento desde el poder político antes de que hubiera una sentencia firme.

Uno de los primeros argumentos es que Farías no pudo defenderse oportunamente de esa resolución porque se encontraba privado de la libertad, incomunicado y bajo un régimen de máxima seguridad en el penal de Ezeiza, con fuertes restricciones para comunicarse, recibir visitas y conseguir asistencia especializada en materia migratoria, condiciones que, según el recurso, hicieron materialmente imposible preparar dentro del plazo establecido una impugnación contra su expulsión.

La defensa también responsabiliza a los abogados que anteriormente atendieron el caso de haber dejado prácticamente descubierto el frente migratorio, sostiene que estuvieron concentrados en la causa penal, que hubo varios cambios de representación y que no se presentaron recursos que podían haber sido promovidos, por lo que argumenta que Farías tenía abogados formalmente designados, pero no una defensa efectiva frente a una decisión que podía terminar con su salida de Argentina.

Riesgo para su vida y solicitud de refugio

El recurso intenta además cambiar la posición desde la que Farías aparece frente al caso al asegurar que, antes de ser investigado, participó en reuniones en las que fueron denunciadas irregularidades relacionadas con estructuras dentro del Estado, incluida una reunión con el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y otra en la que también estuvo su hermano Manuel Roberto Farías, hechos con los que su defensa busca sostener que no se trata simplemente de una persona que pretende evadir a la justicia mexicana.

A partir de ahí, el abogado construye otro de los ejes del recurso, el supuesto peligro que enfrentaría Farías si vuelve a México, para lo cual enumera asesinatos y muertes de personas relacionadas directa o indirectamente con investigaciones sobre contrabando de combustibles, aduanas y huachicol fiscal, y afirma que esa sucesión de hechos genera un temor razonable sobre lo que podría ocurrirle si es entregado a las autoridades mexicanas, una afirmación que forma parte de la estrategia de su defensa y no de una conclusión de las autoridades argentinas.

El escrito coloca también como pieza central la solicitud de refugio presentada por Farías ante la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina el 6 de mayo, cuya negativa fue combatida judicialmente y todavía tiene recursos pendientes, por lo que la defensa invoca el principio de no devolución, que en términos simples significa que una persona que asegura estar en riesgo no debe ser enviada al país donde afirma que su vida, libertad o integridad pueden estar amenazadas sin que antes se examine de fondo su petición de protección.

Impugnación a los criterios de Migraciones

Otro frente de la impugnación apunta directamente contra la manera en que Migraciones justificó la expulsión, pues el abogado sostiene que la autoridad mezcló el uso de documentación presuntamente falsa para ingresar a Argentina, la ficha roja de Interpol y la detención con fines de extradición sin precisar cuál de esos hechos era suficiente para ordenar la salida.

Además, afirma que la extradición debe ser resuelta por un juez y que mientras no exista una decisión firme no puede utilizarse por sí sola como argumento para expulsarlo.

La acusación por huachicol en México

Una jueza federal libró el 19 de agosto de 2025 una orden de aprehensión contra Fernando Farías Laguna, su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto, y otras once personas por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, mientras que a los hermanos Farías los ubicó entre quienes presuntamente desempeñaban funciones de administración, dirección o supervisión dentro de la organización investigada.

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La investigación describe una red dedicada presuntamente a introducir de manera ilegal hidrocarburos desde Estados Unidos a México, principalmente por las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, mediante documentos que declaran productos distintos al combustible realmente transportado para aparentar su procedencia legal. Además, la orden incorpora datos que colocan a Fernando y Manuel Roberto Farías dentro de una trama de servidores públicos vinculada con operaciones y movimientos de personal en aduanas marítimas.