La extorsión, impuesto criminal

El fenómeno de la extorsión en México es un impuesto criminal que ningún gobernante reconoce en sus presupuestos, pero que sus víctimas pagan en silencio, bajo amenaza.

Datos oficiales del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, en 2024, la extorsión extrajo de los bolsillos de familias mexicanas aproximadamente 91 mil 800 millones de pesos. Para dimensionarlo: es como si el Gobierno de México hubiera duplicado el presupuesto de la Pensión Mujeres Bienestar, que brinda un apoyo económico de tres mil 100 pesos a las mujeres de 60 a 64 años.

La extorsión funciona como un impuesto: es coercitivo, es recaudado de manera periódica y afecta selectivamente a sectores económicos específicos. La diferencia es que mientras los impuestos legítimos se convierten en bienes públicos, en beneficios colectivos, en infraestructura que eleva la calidad de vida, o así debería ser, el impuesto criminal solo genera destrucción, miedo y paralización económica.

Quien paga una extorsión no lo hace porque lo desee o porque entienda un beneficio social en ello. Lo hace porque le han arrebatado la seguridad más elemental: la de continuar viviendo, trabajando y sosteniendo a su familia sin amenazas de muerte.

En el campo mexicano, por ejemplo, la situación ha adquirido características de un saqueo sistemático. Productores ganaderos en estados como Zacatecas deben entregar cuotas que pueden alcanzar hasta dos mil pesos por cada cabeza de ganado vendida. La exigencia se extiende a ovejas y cabras, lo que equivale, en términos prácticos, a transferir una de cada diez unidades de producción directamente a las organizaciones criminales.

En la Ciudad de México, las cosas no son tan diferentes. El cobro de piso afecta a locatarios de mercados públicos, tiendas de conveniencia y hasta a los puestos callejeros. Quienes deciden no ceder a la extorsión miran la destrucción de su patrimonio por una explosión provocada por un corto circuito.

Los comerciantes enfrentan presiones similares. Los empresarios de la construcción no pueden cotizar sus proyectos sin considerar la cuota de protección. Así es como la seguridad se ha transformado en un costo de operación.

Y en el Estado de México, los municipios de Ixtlahuaca, Jocotitlán, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Los Reyes, Ecatepec y Chimalhuacán todos los días viven bajo el asedio de grupos delictivos que les exigen hasta 500 pesos por unidad de transporte público, para permitirles trabajar. La negativa a pagar ha provocado tiroteos a bordo que han cobrado la vida de usuarios.

Todo esto sin contar sus efectos catastróficos en la economía nacional, la destrucción de la confianza de los inversionistas, la salida de capital del sistema productivo y, en consecuencia, el desempleo.

Mientras escribo esto, el impuesto criminal es recaudado en decenas de ciudades mexicanas y sigue financiando operaciones criminales, robándole a México su potencial de crecimiento y desarrollo.

Distraídos en la narcopolítica de Morena, en la designación de los llamados coordinadores en defensa de la transformación para las elecciones de 2027 y en el discurso en defensa de la soberanía para acallar las críticas del presidente Donald Trump, las autoridades siguen sin destinar recursos ni voluntad política para atacar el problema.

Mientras tanto, todos seguimos pagando el precio de la extorsión.