
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, ha enfrentado cuestionamientos por sus facultades de designación y presuntos conflictos de interés en el organismo - Foto: Cuartoscuro
Desde que asumió la presidencia del Instituto Nacional Electoral en abril de 2023, Guadalupe Taddei ha enfrentado cuestionamientos por la concentración de facultades, los nombramientos dentro del organismo y posibles conflictos de interés

La gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) ha estado acompañada de controversias que van desde los cambios en la estructura del órgano y las disputas entre consejeros, hasta señalamientos sobre conflictos de interés.
El caso de Jonathan Navarrete Torres, registrado como su chofer y señalado como apoderado de una empresa proveedora del Instituto, volvió a colocar a la administración de Taddei bajo la mira, incluso llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió esclarecer los hechos y transparentar la información.
Pero, los cuestionamientos no se limitan a este episodio. Durante su gestión, Taddei ha impulsado cambios que ampliaron sus atribuciones para designar funcionarios, enfrentó inconformidades dentro del Consejo General por nombramientos y ha sido vinculada con controversias relacionadas con redes de nepotismo.
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Una de las principales controversias comenzó en octubre de 2024, cuando una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgó a la consejera presidenta facultades para designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación previa del Consejo General, que coloquialmente se conoció como “Ley Taddei”.
La modificación provocó inconformidad entre consejeros electorales que advirtieron riesgos para los contrapesos internos del Instituto.
En aquella ocasión los consejeros:
promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma, al considerar que podía debilitar los mecanismos colegiados de decisión.
Sin embargo, en enero de 2026, la nueva corte Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien llegó al máximo tribunal tras la reforma judicial, desechó esa impugnación por la vía jurídica utilizada.
La resolución dejó vigente el esquema de nombramientos, aunque no debe interpretarse como una validación de todas las decisiones adoptadas por Taddei ni como una resolución sobre los demás cuestionamientos a su gestión.

Las diferencias sobre la conducción del Instituto también se manifestaron en mayo de 2026, cuando algunos consejeros cuestionaron nombramientos por motivos relacionados con la paridad de género y la experiencia de los perfiles seleccionados.
Entre los casos señalados estuvo el de Mario Alberto Alejo García, designado al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización. Taddei defendió el proceso y rechazó que los cuestionamientos debieran determinar las decisiones del organismo.
Por otro lado, la renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en abril de 2026, modificó el equilibrio interno con el que Guadalupe Taddei ha conducido el organismo.
La salida de Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala, quienes concluyeron su periodo, puso fin a una etapa en la que la consejera presidenta enfrentó cuestionamientos recurrentes por sus nombramientos, decisiones administrativas y facultades al frente del Instituto.
Con la llegada de Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez, el Consejo General inició una nueva etapa con miras a las elecciones de 2027.

Durante el proceso de selección, la oposición cuestionó la posible cercanía de los nuevos perfiles con el bloque gobernante. Sin embargo, esas críticas no bastan por sí solas para afirmar que los nuevos consejeros actuarán de manera alineada con Taddei o con Morena.
El relevo también cambió el escenario para la toma de decisiones. Antes de la renovación, las diferencias entre Taddei y algunos consejeros se hicieron visibles en las discusiones sobre nombramientos para áreas estratégicas, particularmente por los requisitos de experiencia y los criterios de paridad de género.
La propia Taddei describió el cambio como el comienzo de una “nueva etapa” para el Instituto.
Antes de llegar al INE, Taddei encabezó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEES). Sobre esa etapa, el periodista Mario Maldonado reportó que la institución rentó oficinas a Inmobiliaria Alta Sierra, empresa vinculada con la familia del entonces gobernador Alfonso Durazo, por un monto anual de 1.23 millones de pesos.
Otro señalamiento involucró a su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, quien en 2025 pasó de una oficina jurídica en Sonora a ocupar el cargo de secretario particular del gobernador Durazo. El caso generó cuestionamientos sobre las relaciones políticas y familiares alrededor de la funcionaria, pero debe distinguirse de una prueba de intervención directa de Taddei en esa contratación.

La controversia más reciente surgió a partir de las publicaciones de Reforma sobre Jonathan Navarrete Torres, quien aparece como chofer de Taddei y, desde 2023, como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades.
De acuerdo con la información publicada, Navarrete obtuvo poderes para pleitos y cobranzas de la compañía el 28 de junio de 2023, antes de ser contratado como conductor de la consejera presidenta, el 15 de abril de 2025.
En su declaración patrimonial de junio de 2026, Navarrete reportó un ingreso mensual de 45 mil 765 pesos por trasladar a Taddei “de manera segura y eficiente”. En el documento no habría declarado su relación como apoderado de Zeg, mientras que su empleo anterior fue registrado como conductor de Mercedes-Benz.

Por separado, Reforma señaló que trabajadores del INE afirmaron no conocerlo o no verlo acudir a las instalaciones; ante esas versiones, el secretario ejecutivo del organismo, Roberto Félix, dijo que solicitaría información para aclarar la situación.
Los cuestionamientos se extienden a los antecedentes de Corporativo Zeg y Cajas Graf, compañías relacionadas con el mercado de materiales electorales y cuyos propietarios serían los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández.
Ambas empresas han enfrentado investigaciones o señalamientos de autoridades por presuntas prácticas irregulares. Además, Jesús Octavio García González, quien fue director administrativo del INE hasta abril de 2026, aparecía como representante legal de ambas compañías en 2023.
La relación empresarial también abrió preguntas sobre decisiones tomadas en otros organismos electorales. Durante la etapa de Taddei al frente del instituto electoral de Sonora, Zeg y Cajas Graf obtuvieron contratos; posteriormente, personas que habían ocupado cargos en organismos locales de Oaxaca y Chihuahua llegaron a puestos directivos en el INE.

Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras del INE y de organismos locales por simular competencia y triangular recursos con factureras, algunas de ellas vinculadas con Taddei.
La investigación, según Reforma, mantiene al menos 70 cuentas congeladas, aunque aún no se ha informado de sujetos sancionados, ya que la investigación sigue en curso.
Algunas de las empresas son encabezadas por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas vinculados a Corporativo Zeg, Cajas Graf y cinco empresas de proveeduría más, las cuáles hacían negocios desde 2012 con el Instituto Electoral de Sonora cuando Guadalupe Taddei lo encabezaba.
Asimismo, Latinus reveló un vídeo de Taddei con uno de los hermanos contratistas, Raymundo Hernández, en una reunión de fiestas patrias.
A ello se sumó el uso de un automóvil BMW blindado para trasladar a Taddei entre finales de 2025 y abril de 2026. La consejera presidenta explicó que la Chevrolet Captiva asignada al organismo había presentado fallas y que el BMW era “prestado”, sin que, de acuerdo con los reportes citados, se aclarara públicamente quién facilitó el vehículo.
El caso escaló hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió al Instituto explicar lo ocurrido y transparentar la información relacionada con el caso. También anunció que solicitaría a la Secretaría de Gobernación información sobre Talleres Gráficos desde el inicio de su administración.
“Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello. Voy a pedir a la Secretaría de Gobernación que informe también sobre talleres gráficos desde que llegamos nosotros al Gobierno, para que pueda dar toda la información y tiene que aclararse este caso”, declaró.