
Ernestina Godoy, titular de la FGR, y 32 fiscalías estatales fueron señaladas por obstaculizar los cruces de información genética. - Foto: Cuartoscuro
Margarita López y Brenda Valenzuela presentaron una demanda contra Ernestina Godoy y las fiscalías estatales, por la falta de interconexión de sus bases de datos

Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, madres de buscadoras, presentaron este 7 de octubre una demanda contra Ernestina Godoy, titular de la FGR, así como a las 32 fiscalías estatales, junto con sus respectivas fiscalías especializadas en desaparición forzada.
El recurso judicial cuestiona la falta de interconexión en tiempo real de las bases de datos de las fiscalías con el Banco Nacional de Datos Forenses, situación que, de acuerdo con las promoventes, obliga a las autoridades a realizar confrontas de ADN mediante solicitudes y oficios entre instituciones, en lugar de contar con un sistema nacional conectado.
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La demanda plantea que esta fragmentación retrasa los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, particularmente cuando existen registros genéticos que podrían ser confrontados con muestras de personas no identificadas.
“Actualmente las Fiscalías Especializadas se ven obligadas a girar oficios cada cierto tiempo al resto de sus homólogas para realizar manualmente las confrontas”, se lee en la demanda.
El señalamiento ubica de nuevo a la FGR en el ojo del huracán porque el Banco Nacional de Datos Forenses fue creado con la intención de concentrar y cruzar información que permita facilitar la identificación de personas desaparecidas.

Las madres buscadoras sostienen que la falta de operación efectiva del sistema afecta directamente las acciones de búsqueda generalizada y de búsqueda de familia.
“La inoperancia del Banco Nacional de Datos Forenses ocasiona que las acciones de búsqueda generalizada y búsqueda de familias se vean retardadas y obstaculizadas”, se lee en la demanda.
De acuerdo con el documento, el problema no representa únicamente una deficiencia administrativa o tecnológica, sino una omisión que tiene consecuencias sobre las familias que permanecen sin conocer el paradero o la identidad de sus seres queridos.

El recurso fue presentado ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito y señala como autoridades responsables a la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, así como a los titulares de las fiscalías de las 32 entidades y sus áreas especializadas en desaparición forzada.
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La dimensión del amparo plantea que la falta de interconexión no correspondería únicamente a una fiscalía o entidad, sino a la coordinación del sistema nacional de información forense.